El reciente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 prevé otorgar ayudas a los jóvenes para la compra de una vivienda. Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento de España, aseguró que si se aprueba esta propuesta, favorecerá a los menores de 35 años de edad que perciban ingresos menores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (o 19.170,39 euros al año en 12 cuotas), podrán beneficiarse de hasta 10.800 euros con el límite del 20% del precio de compra.
Esta población debe completar otros requerimientos para disfrutar de estas ayudas, como que el inmueble a comprar vaya a ser su vivienda habitual y permanente durante un período mínimo de cinco años y que no sea propietario de otro inmueble en España.
El proyecto también estipula otras ayudas para que los jóvenes alquilen. En particular, otorgaría hasta 50% del alquiler mensual para arrendamientos que oscilen entre 600 y 900 euros al mes y hasta máximo tres años de duración. En este caso, igualmente los ingresos de los beneficiarios deben ser menores a tres veces el Iprem (19.170,39 euros al año en 12 pagas o 22.365,42 euros en 14 pagas) y la casa debe ser la habitual durante el periodo de ayuda. El beneficiario tampoco debe contar con una casa en propiedad.
Las comunidades autónomas tuvieron la oportunidad de revisar el borrador del plan y presentar sus sugerencias y aportes. El Ministerio de Fomento prevé que entre en vigencia a primeros de enero de 2018.
Fernando Encinar, jefe de estudios del portal especializado en el mercado inmobiliario Idealista, expuso sus críticas frente a este proyecto. “Es decepcionante por varios motivos. Recurre a viejas fórmulas con la puesta en marcha de ayudas a los jóvenes para la compra de una casa, generando la falsa expectativa de que todo el mundo debe ser propietario. Además, incentiva otra vez el endeudamiento masivo por parte de los más jóvenes", expresó en una entrevista publicada en el sitio web.
Encinar está de acuerdo con que el Gobierno necesita incentivar medidas para aumentar el incipiente mercado del alquiler, pero no de la forma como se describe en el borrador del plan. "Dar ayudas directamente a jóvenes menores de 35 años para alquilar una casa provocará un aumento artificial del precio del alquiler".
El especialista añadió que este plan será perjudicial para la población de mayores 35 años de edad (y que ganen más de 19.170,39 euros al año en 12 pagas) que no pueden acogerse a esta ayuda, ya que no contarán con la 'extra' del Gobierno, pero deberán enfrentarse a un alza de precios provocada, precisamente, por esa ayuda estatal.
El jefe de estudios del Idealista propone recuperar la desgravación fiscal del alquiler también para el arrendatario, para que todos puedan gozar de ese beneficio y que “tanto el inquilino como el propietario declaren la existencia de un contrato de arrendamiento".
Encinar cree que el Gobierno debe aumentar la oferta de alquiler dando mayor cobertura jurídica a los propietarios para que estos sientan confianza de poner sus viviendas en alquiler para que así aumente la oferta y también “colaborando con los ayuntamientos para que cedan suelo dotacional para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, en colaboración con la empresa privada".
Otras de las líneas estratégicas del plan son:
Ayudas de hasta 40% de la renta del alquiler con un límite igual o inferior a 600 euros o hasta 900 euros. Esta ayuda está destinada a personas con ingresos inferiores a tres veces el Iprem y podrán disfrutar de ella durante tres años, siempre que la casa sea el domicilio habitual y permanente y no sean propietarios de otra vivienda.
Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler: el objetivo es aumentar el parque de viviendas en alquiler tanto públicas como libres. Los beneficiarios son organismos, administraciones y empresas públicas o privadas.
Programa de ayuda a personas desahuciadas: el objetivo es poner a su disposición viviendas desocupadas y disponibles de Sareb y de entidades financieras para ser ocupadas en régimen de alquiler. Se trata de un acuerdo macro para luego llegar a un acuerdo específico con cada CCAA. Los beneficiarios serán desahuciados con ingresos inferiores a tres veces el Iprem y sin disponibilidad de una vivienda.